SAN SALVADOR (AP) — El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica, la cual está dedicada a la reclusión de integrantes de pandillas, a los que se les atribuyen la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
“Los perfilados de alto rango de las pandillas, los corredores de programas, los gatilleros, todos los que pertenezcan a grupos terroristas, son los que van a estar aquí”, explicó el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Bukele, quien realizó la presentación del enorme complejo penal en una cadena nacional de radio y televisión, estuvo acompañado de miembros del gabinete de seguridad, el director general de Centros Penales; y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodriguez.
El penal, con capacidad para 40.000 reclusos, fue una promesa de Bukele pocos días después que el Congreso decretó el régimen de excepción para perseguir a las pandillas a las que se les atribuyeron 62 homicidios durante la jornada de violencia del 26 de marzo.
El día que ordenó la construcción de la cárcel exclusiva para estos grupos criminales, Bukele advirtió a las pandillas que, si aumentaban los homicidios, les quitaría la comida a sus compañeros en las cárceles. Los pandilleros solo reciben dos tiempos de comida que consisten en dos tortillas de maíz, frijoles y huevo.
La cárcel está ubicada en el municipio de Tecoluca, en el departamento central de San Vicente, y lejos de las zonas urbanas. Cuenta con cientos de miles de metros de construcción, cercos electrificados y varios muros de concreto de más de once metros de altura, así como 19 torres de vigilancia.
La cárcel cuenta con varios pabellones que albergarán a 2.500 reos cada uno. Además, está equipada con moderna tecnología de vigilancia, “lo que garantiza que nadie puede salir del recinto”, afirmó Luna.
Dentro de penal estará destacada de forma permanente una unidad especializada antidisturbios de la policía y fuerzas conjuntas del ejército y la policía serán responsables de la seguridad del perímetro.
El Salvador sólo cuenta con 29 centros penitenciarios a nivel nacional, siendo el penal de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz, el único de máxima seguridad.
El estado de excepción limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, el Congreso también reformó el Código Penal y Procesal para criminalizar el formar parte de una pandilla, delito que conlleva una pena de hasta 20 años de cárcel. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y de hasta 10 años de cárcel a los mayore de 12.
Según la última cifra oficial, se ha detenido a 62.975 personas desde que se implementó el estado de excepción. Al menos 3.313 de los detenidos fueron liberados después de que no se pudo establecer un vínculo con los grupos criminales, según las autoridades.
Organizaciones nacionales e internacionales han condenado el estado de excepción y Human Rights Watch aseguró recientemente que posee datos oficiales sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en las cárceles y muerte de personas bajo custodia de las autoridades.
De acuerdo con cifras oficiales, el país cerró 2022 con un registro de 495 homicidios, la cifra más baja en las últimas décadas. Pero esto no incluye los cerca de 120 asesinatos de supuestos integrantes de pandillas que murieron en presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En 2015, el país centroamericano -considerado entonces uno de los más violentos del mundo- registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.00 habitantes.
En lo que va de este año se han reportado 12 homicidios, incluido el de un presunto pandillero que falleció en un intercambio de disparos con las autoridades.
Las pandillas, con presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En 2012 Estados Unidos incluyó a la pandilla Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones internacionales y tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró como grupo terrorista junto a la pandilla Barrio 18.